Las Administraciones públicas están obligadas a ir más allá de la igualdad legal, que recoge desde la carta magna hasta las leyes de igualdad, para avanzar hacia la igualdad real.
En el avance hacia la igualdad, como en otros tantos temas, la existencia de regulación normativa no asegura su cumplimiento sobre todo en aquellos temas que suponen una transformación de la cultura imperante.
