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Si trabajas en la Administración, probablemente estés acostumbrado a los procedimientos de contratación habituales: el abierto, el simplificado o, quizá, el negociado sin publicidad. Pero la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) también nos empuja a mirar hacia el futuro con una herramienta fascinante, aunque a veces intimidante: la Compra Pública Innovadora (CPI), regulada desde 2011.

¿Cuál es el objetivo de la CPI? No se trata solo de ahorrar dinero, sino de ir más allá de la mera satisfacción de una necesidad, buscando siempre que la innovación actúe como un motor de cambio para mejorar los servicios públicos. La meta es doble: satisfacer una necesidad administrativa real, pero al mismo tiempo fomentar el avance empresarial y tecnológico. Esto implica adquirir bienes o servicios que o bien se introducirán por primera vez en el mercado, o bien están aún en fase de desarrollo. Para quienes tienen un perfil jurídico, esto puede generar dudas, ya que implica invertir dinero público en algo que aún no es tangible y cuyo resultado no está garantizado. ¿No es fundamental, sin embargo, arriesgarse un poco para evitar que la Administración se quede estancada respecto al resto de la sociedad?

Es crucial recordar que, aunque se trate de tecnología punta, la CPI siempre debe partir de una demanda pública, es decir, de una necesidad o un fin de la Administración. No podemos implementarla solo porque haya una subvención europea disponible.

Para saber qué tipo de procedimiento especial debemos utilizar, la ley nos obliga a medir la madurez tecnológica de la solución, lo que se conoce como TRL (Technology Readiness Level). Si estamos buscando una simple idea o investigación en el laboratorio, hablamos de TRL 1 al 3; si es un prototipo o prueba, TRL 4 al 6; y si el producto ya está casi listo para usarse en el mundo real, TRL 7 al 9.

Basándonos en ese nivel de madurez, la LCSP ofrece varias modalidades:

1. Compra Pública Precomercial (CPP). Esta es la que más incertidumbre genera a los perfiles más pragmáticos. Su objetivo es financiar la investigación y el desarrollo de ideas y prototipos (TRL 2 al 6). La característica que debes recordar es que nunca incluye la adquisición ni la comercialización final del producto. Solo buscamos ver si es posible crear la solución. El riesgo tecnológico y los beneficios se comparten con la empresa.

2. Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI). Aquí ya vamos a por el producto. Buscamos adquirir un bien que aún no está disponible comercialmente, pero que es desarrollable en un plazo razonable. Estamos en TRL altos, ya que ya no se trata de investigar la idea, sino de materializarla.

3. Asociación para la Innovación (API). Es la combinación perfecta. Permite colaborar activamente con los contratistas (asociarse) para el I+D, pero culmina con la adquisición de los servicios u obras resultantes si cumplen los estándares. Este procedimiento, que se articula obligatoriamente por fases sucesivas, nos permite incluso ajustar las especificaciones técnicas durante el proceso de negociación. ¿No es la API la forma más segura de lanzarse a la innovación?

Para reducir la incertidumbre en cualquiera de estos procedimientos, la herramienta más útil es la Consulta Preliminar de Mercado (CPM) (art. 115 LCSP). Aunque es válida para cualquier contrato, es vital en CPI, ya que nos permite recoger información, evaluar el grado de madurez tecnológica y, lo más importante, estimar el presupuesto del contrato. Esto nos protege contra sobrecostes y garantiza la concurrencia de todo tipo de empresas, incluyendo pymes.

La CPI es clave para modernizar la Administración. Proyectos como el asistente virtual ALI en Alicante, premiado por su innovación pública, demuestran que, aunque sea un camino complejo que requiere planificación, es la única forma de garantizar servicios más eficientes y adaptados a las necesidades del ciudadano.