Transparencia de la actuación de los poderes públicos (I)
La transparencia en la actuación de los poderes públicos se configura como un derecho de los ciudadanos que parte del artículo 105.b) de la Constitución, y que se desarrolla legalmente por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.
En el ámbito de Castilla y León, el Estatuto de Autonomía reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos de la Comunidad directamente o por medio de representantes (art.11); el acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las instituciones y administraciones públicas de Castilla y León y a la información administrativa, con las excepciones que legalmente se establezcan (art.12.c); y atribuye a los poderes públicos de Castilla y León la responsabilidad de facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social (art.8).
En este marco se aprueba la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que tiene por objeto regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública y su reutilización y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León a través del Portal de Gobierno Abierto.
Como dice la exposición de motivos de la Ley 3/2015, la transparencia de la actuación de los poderes públicos, al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas.
En el ámbito europeo, el acceso a los documentos de la Unión se contempla en el artículo 15.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; posteriormente, el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 lo ha consagrado como derecho fundamental.
En el marco de Naciones Unidas, el reconocimiento del acceso a la información pública como derecho humano de nueva generación ha venido fundamentalmente de la mano de la libertad de expresión e información consagrada en el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el art.19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
La transparencia se articula en torno a los siguientes ejes, que serán objeto de desarrollo en posteriores artículos:
- La publicidad activa
- El acceso a la información pública
- La participación en los asuntos públicos
Junto con estos ejes tradicionales, la transparencia necesita también de una buena gestión de los datos, ya que son la materia prima de la información. Por ello, la Junta de Castilla y León, consciente de la importancia de realizar una gestión eficiente y efectiva de sus datos, está desarrollando un proyecto de gobierno del dato, cuyo conocimiento también será objeto de desarrollo en futuros boletines.
Las actuaciones en materia de transparencia y participación, a través del gobierno abierto, son competencia de la Consejería de la Presidencia. Estas atribuciones se desarrollan por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno.
María del Rocío Andrés Pérez.
Dirección General de Transparencia y Buen gobierno. Junta de Castilla y León
