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¿Alguna vez has sentido que la Administración se mueve en las sombras, sin que se entienda bien lo que hace o por qué? Esta sensación es precisamente lo que el concepto de Gobierno Abierto (o la ahora llamada "Administración Abierta") busca erradicar. Aunque parezca un concepto muy moderno, la rendición de cuentas tiene raíces profundas, desde los exámenes de gestión que hacían los funcionarios en la antigua Grecia o el "juicio de residencia" en la Castilla medieval, hasta la crucial Ley de Libertad de Prensa de Suecia de 1766, que garantizaba el derecho a pedir información al gobierno.

Pero no fue hasta 2010, con un discurso clave de Barack Obama en la ONU, que se establecieron los pilares modernos: transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana e impulso de nuevas tecnologías. Estos pilares definen lo que hoy conocemos como Gobierno Abierto, una "cultura de gobernanza" que promueve la integridad, la rendición de cuentas y la participación de todas las partes interesadas. Al final, este nuevo paradigma busca construir un modelo de relación transparente y colaborativo entre gobernantes, administraciones y sociedad, con el objetivo de generar valor público.

En España, el camino hacia esta apertura se pavimentó, curiosamente, a través de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ya tiene más de una década. Esta ley fue la semilla y obligó a las administraciones a publicar información de oficio y a responder a las solicitudes de acceso. ¿Cómo puede una ley tan importante ser solo el punto de partida? Pues bien, la transparencia fue la primera fase, impulsada a menudo por empleados públicos que actuaron como "intraemprendedores" para cumplir la norma.

Una vez que se empezó a cumplir la transparencia (con el desarrollo de portales y la aparición de rankings impulsados por la sociedad civil), la Administración subió un escalón. Pasamos a la participación ciudadana (por ejemplo, con los presupuestos participativos), seguida de la implementación de sistemas de integridad (como los buzones de denuncia y las agencias antifraude). El siguiente gran salto, más complejo y tecnológico, fue la apertura de datos. La meta es organizar bien los datos, algo que será crucial para la inteligencia artificial y la interoperabilidad futuras.

Actualmente, España está profundamente involucrada en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), habiendo aprobado recientemente el Quinto Plan de Gobierno Abierto, que no solo incluye compromisos del Estado, sino también de las comunidades autónomas (como Castilla y León) y la FEMP. Este enfoque es vital, ya que la Administración busca legitimarse y ser más eficaz ante la ciudadanía.

De hecho, la tendencia actual es ir más allá de la mera publicación y centrarse en el lenguaje claro y la lectura fácil, asegurando que la información publicada sea comprensible para todos. Respecto al futuro, se ha anunciado un anteproyecto de ley de Administración Abierta, que pretende reforzar la transparencia, especialmente en áreas sensibles como la contratación pública y la fiscalización de las fundaciones de partidos políticos.

El desafío de la rendición de cuentas (evaluar si un gobierno hizo lo que dijo que iba a hacer en su plan de mandato) sigue siendo la gran asignatura pendiente en España, aunque existen ejemplos a nivel municipal o foral. El Gobierno Abierto es, en esencia, una herramienta de sentido común. ¿No deberíamos esforzarnos todos, desde el sector público hasta la sociedad civil, para que este sentido común se convierta en la norma y así fortalecer la calidad de nuestra democracia?